Comentario

Las elecciones del mes de junio de 1977 supusieron, en la práctica, la apertura de un proceso constituyente. La paradoja fue que las Cortes Constituyentes se encontraban con que no existía texto legal vigente que determinara la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento. Sólo en el mes de noviembre de 1977 se aprobó una disposición en este sentido que venía a servir, de hecho, como avance de la futura Constitución. De todos modos, las relaciones entre Gobierno y Parlamento fueron en ocasiones muy complicadas debido a la inexperiencia general. Como dijo Adolfo Suárez, la transición se realizaba manteniendo en funcionamiento un Estado cuyos fundamentos eran radicalmente antitéticos con ella. Era como elevar una nueva casa al mismo tiempo que se seguían manteniendo en funcionamiento las cañerías de la antigua. El Gobierno tendió a actuar al margen del Parlamento y lo hubiera hecho más si hubiera dispuesto de una mayoría confortable. Por su parte, la oposición en más de una ocasión fue tentada por la demagogia y la irresponsabilidad.
Un factor esencial para comprender la política española en los meses que van desde la reunión de las Cortes hasta la definitiva aprobación de la Constitución reside en que el Gobierno de Adolfo Suárez estaba apoyado por Unión de Centro Democrático, que tan sólo era una coalición electoral. Cuando a comienzos de julio de 1977 el presidente Suárez formó un nuevo Gobierno hubo de recurrir a todos los sectores que le habían proporcionado la victoria electoral. Con ello el nuevo gabinete dio la inevitable sensación de estar compuesto por una pluralidad de familias políticas, pero los puestos más decisivos fueron ocupados por hombres de la más estrecha confianza de Suárez o técnicos de reconocido prestigio. Manuel Gutiérrez Mellado, único militar en un gabinete civil, figuró en el Gobierno como vicepresidente y ministro de Defensa; Abril Martorell ocupó la vicepresidencia política y Fuentes Quintana, la vicepresidencia económica. El Gobierno mantuvo una jefatura indisputada y supo estar a la altura de las circunstancias. Como en la etapa anterior mantuvo la iniciativa en todas las cuestiones importantes y su presidente demostró una capacidad de reflejos parecida a la que entonces le había caracterizado, aunque en algún caso mostrara carencia de criterio. Se produjeron dos pequeños reajustes; el principal, la dimisión, de mucha mayor trascendencia, en febrero de 1978, de Fuentes Quintana, una vez concluida su misión como experto, como consecuencia de sus dificultades personales para actuar en el marco de una política partidista.

Las distintas agrupaciones de UCD se disolvieron a partir del mes de diciembre de 1977, pero ya desde un primer momento también fueron perceptibles las dificultades de UCD para funcionar como un partido político propiamente dicho. La unificación fue un procedimiento para neutralizar posibles tensiones internas y en realidad, en los primeros momentos de vida del partido fue un tanto lánguida.

El Gobierno y el Parlamento elegido en el mes de junio hubieron de hacer frente a un complicado panorama político, sobre todo en lo que respecta a problemas como el del orden público, el económico y el regional. Antonio Hernández Gil fue nombrado presidente de las Cortes, desempeñando su cargo con imparcialidad y a satisfacción de las diferentes tendencias; para la presidencia del Congreso fue elegido Fernando Álvarez de Miranda y para la del Senado, Antonio Fontán, ambos centristas. El Rey pronunció ante las Cortes, reunidas por vez primera para oír de sus labios el discurso de la Corona, unas palabras en las que, partiendo del reconocimiento de que allí estaba representada la soberanía nacional, hizo un llamamiento a la colaboración de todos en la empresa colectiva de conseguir la convivencia democrática. En términos generales, los parlamentarios recibieron muy bien el discurso. Eran todavía los momentos en que el PSOE mantenía reticencias respecto a la Monarquía, aunque tan sólo fueran formales.

Los principales problemas que el Gobierno y las Cortes debían afrontar hubieron de abordarse al mismo tiempo, solapándose unos con otros a la vez que se elaboraba el nuevo texto constitucional. En el mes de septiembre de 1977 ya se había dado una solución provisional a la reivindicación autonómica catalana y progresivamente esta fórmula se iría ampliando a otras regiones a lo largo del período constituyente. Si eso ya demostraba una voluntad de consenso en uno de los más graves problemas políticos de España, la neutralización de la conflictividad social mediante los llamados Pactos de La Moncloa la ratificó aún más y constituye un rasgo muy característico de la transición española a la democracia.

Hacia el año 1977 la inflación ya había llegado a unas cotas casi iberoamericanas mientras que el paro alcanzaba el 6%, cifra muy poco frecuente en el inmediato pasado histórico. Era necesario superar la falta de una política económica anterior, así como crear un marco en el que se pudiera hacer frente a la tarea de la redacción de una nueva Constitución con la paz social suficiente como para que no se produjera una peligrosa espiral de reivindicaciones. En el terreno socioeconómico los Pactos de La Moncloa fueron testimonio de una actitud paralela al consenso político. Los sindicatos y las fuerzas sociales de la izquierda se comprometieron a una congelación de los salarios a cambio de una serie de contrapartidas que iban desde el inicio de la reforma fiscal hasta la creación de un elevado número de puestos escolares o la ampliación de las prestaciones de la Seguridad Social. Por este procedimiento se logró disminuir las tensiones políticas, a la vez que también se propiciaba el inicio de una importante transformación de la sociedad española.

Durante los meses en los que se redactó la Constitución española se produjeron, con trágica insistencia, conflictos de orden público que, en alguna ocasión, pudieron llegar a provocar alguna tensión involucionista. Los problemas más graves estuvieron relacionados con el terrorismo de ETA, que asesinó a once policías en los meses posteriores a las elecciones de junio de 1977. Frecuentemente se sumaba la impericia de unas fuerzas de orden público, que no estaban habituadas a comportarse de la forma exigible en un Estado democrático y eran poco efectivas. Al terrorismo etarra le beneficiaba el hecho de que quienes colaboraban con él eran considerados como heroicos luchadores antifranquistas por parte de la izquierda y de la sociedad vasca. Sólo con el paso del tiempo se fue haciendo patente que el terrorismo también representaba una amenaza totalitaria contra la democracia: no sólo era el principal argumento utilizado por los involucionistas sino que sus objetivos finales distaban mucho de cualquier tipo de liberación. En esta línea fue muy positiva la manifestación contra el terrorismo celebrada en noviembre de 1978, en la que participaron las fuerzas políticas más relevantes.

También hubo problemas políticos durante los meses en que se elaboró la nueva Constitución. Las fuerzas de la oposición de izquierdas reivindicaron una democratización de las instituciones que todavía no habían experimentado esta imprescindible transformación. A principios del año 1978 se celebraron las elecciones sindicales con la victoria de Comisiones Obreras. Sin embargo, ese predominio no implicaba que el trabajador industrial se inclinara por el comunismo, ya que había afiliados a Comisiones que votaban al PSOE. La UGT había tenido un desarrollo bastante posterior y no había logrado una implantación suficiente. La izquierda también reivindicó la inmediata celebración de elecciones municipales. El Gobierno de UCD adujo que la celebración de elecciones al mismo tiempo que se redactaba la Constitución pondría en peligro la perduración del consenso, mientras el PSOE reivindicaba mayores cuotas de poder político que las logradas hasta entonces. Las elecciones se aplazaron hasta después de la aprobación de la Constitución.